Cuando los hombres de vida acomodada
copaban Parlamentos y Ayuntamientos, algunos teóricos liberales de la época
argumentaban que esa independencia económica les permitía discernir mejor el
interés general que las clases populares, que se moverían por puro interés
egoísta. La historia lo desmintió, pero el hecho es que solamente los ricos
podían permitirse dedicarle tiempo a esos menesteres. Los salarios para los
representantes públicos, al igual que la universalización del voto, fueron
conquistas de derechos para que todo el espectro social estuviera representado
en igualdad.
Sin embargo, los excesos en muchas
instituciones han despertado un justo recelo y la demanda de sueldos públicos
más ajustados. Cuando se asume una dedicación plena y responsable a las tareas
municipales se asume una gran carga de trabajo y el peso de tomar decisiones trascendentales.
Y debe haber una remuneración digna por ello, pero que a su vez no marque una
distancia insalvable entre las condiciones de vida del común de la gente y de
quienes deben velar por el interés general.