La
corrupción, que ha salido a la superficie a borbotones en las
últimas semanas, es humo. Pero no es humo porque tenga poca
importancia, sino que es humo que nos avisa del fuego. Porque lo
grave de cada corruptela no es que alguien se lo lleve crudo, sino
que a cambio del dinero, regalos o favores recibidos, desde los
cargos públicos se toman decisiones que afectan a toda la ciudadanía
con el dinero de toda la ciudadanía. Si es cierto que en la cúpula
del Partido Popular se repartía dinero proveniente de donaciones de
manera regular, la gran pregunta es: ¿qué favores, pasados o
futuros, estaba pagando Mercadona, Sacyr Vallehermoso, OHL o FCC
Construcción?
A
la luz de eso, miramos la política de los últimos años de otra
manera. Los aeropuertos sin aviones, las estaciones del AVE situadas
a kilómetros de su ciudad de referencia o las miles de promociones
de vivienda que evidentemente sobraban. O aquella Ley del Suelo de
1997 que determinó que todo suelo era urbanizable salvo que se
dijera lo contrario. Y no podemos evitar plantearnos si tantas
decisiones ilógicas, que tanto han tenido que ver con la crisis que
hoy padecemos, se debieron a la compra de voluntades.
A
todo aquello lo llamábamos crecimiento, ese fue el modelo de
desarrollo económico de nuestro país. Un modelo que se engrasaba
por dos vías: por un lado, con grandes inyecciones de dinero público
para obras, muchas de las cuales ahora se han demostrado ilógicas.
Cuando hoy buscamos dinero para acción social en el Ayuntamiento de
Valladolid es imposible no acordarse de los millones de euros
despilfarrados en la Plaza del Milenio, el túnel de la Avenida de
Salamanca o el nuevo puente de la Rondilla prácticamente
inutilizado.
La
otra fuente de ingresos fueron los créditos hipotecarios de millones
de familias a las que se animó con préstamos a 40 años y bajos
tipos de interés. Cuando la burbuja inmobiliaria se deshinchó, las
entidades financieras activaron el plan B y se aseguraron de que a la
mínima deuda pudiera quedarse con las viviendas hipotecadas. La
gente que se quedaba en la calle poco importaba, puesto que ya habían
dejado de ser útiles jugándose sus ahorros para engrasar la
maquinaria del ladrillo.
El
humo de la corrupción nos avisa hoy de que el incendio llevaba
activo desde hace años. La compra de voluntades políticas era el
fuelle que avivaba las llamas en las que unos pocos preparaban un
festín. Durante un tiempo nos hicieron creer que todo el mundo
estaba invitado, que aquel crecimiento nos traía bienestar a todos.
Hoy vemos que no, que era un saqueo a costa de nuestro dinero público
y de nuestros ahorros privados.
Es
un error poner solamente el foco de la corrupción en el político
corrupto, por despreciable que sea su comportamiento. Lo grave es que
esa persona juega a sabiendas el papel de marioneta, que pone de
manifiesto que hay gente muy poderosa que está dispuesta a utilizar
cualquier medio para poner a los poderes públicos, las leyes y el
dinero de todos al servicio de su interés particular. Lo realmente
escandaloso es que haya un poder económico capaz de someter, por
unos medios u otros, al poder político que supuestamente debería
representar al interés general. Es más, que hay una connivencia
tal, que muchas personas pasan constantemente del gobierno a la gran
empresa y viceversa, tomando decisiones que lucran al sector
empresarial del que vienen o al que acaban llegando después.
Por
eso, porque es el poder económico el que manda, no podemos resolver
el debate diciendo que “la mayoría de los políticos son
honrados”. Por supuesto que sí, hay miles de personas que tienen
cargos públicos y no solo no se llevan dinero, sino que lo pierden.
Una gran mayoría de gente que tiene vocación de servir y que
decide, bien o mal, pero guiándose solo por lo que cree mejor. Pero
no podemos confiarlo todo a la esperanza de que no nos salga un
garbanzo negro. Hace falta poner los medios para evitar que se
compren voluntades.
Por
eso desde Izquierda Unida propusimos en el último Pleno municipal
una serie de medidas que pretendían precisamente eso, prevenir.
Algunas solamente buscaban transparencia, para que la ciudadanía
pueda controlar la actividad política: publicar en la web nuestras
declaraciones de bienes, exponer los contratos de más de 10.000
euros o declarar los posibles conflictos de intereses. Otras
pretendían eliminar arbitrariedades, justificando públicamente los
criterios para adjudicar contratos, tomar decisiones urbanísticas o
las pautas para nombrar cargos de confianza. O, por último, se
proponían medidas de prevención, como prohibir recibir regalos,
rechazar usar la fórmula del convenio urbanístico (sometida a muy
poco control), o evitar la externalización de servicios, que en
ocasiones acaban cayendo en manos de empresas que premian o compran
al concejal de turno.
Ninguna
de ellas fue aceptada y eso no ayuda a despejar las dudas ciudadanas,
que a veces son injustas. Pero yo prefiero una ciudadanía que se
pase de crítica, a una que no se preocupe por los asuntos públicos,
a una ciudadanía comprometida que a una masa callada y conformista.
Y lo mejor que se puede hacer para acallar los reproches injustos es
abrirse y mostrar de par en par cómo se hacen las cosas, para que la
ciudadanía se involucre en lo público. Lástima que se haya perdido
una oportunidad más para ello.
