Hace
no tanto, apenas cuatro o cinco años, los bancos todavía daban
préstamos en condiciones aparentemente muy ventajosas para hacerse
con una vivienda en propiedad. “Alquilar es tirar el dinero”, se
repetía entonces, porque el pago se prolongaba durante treinta,
cuarenta o incluso más años y porque la banca se aseguraba en la
letra pequeña tener la sartén por el mango. Ya entonces empezaban a
producirse los primeros desahucios y las denuncias de asociaciones de
consumo ante las cláusulas usureras de los créditos hipotecarios.
Pero parecían casos aislados, gente imprudente que no había echado
bien sus cuentas y que, hasta cierto punto, “se lo había buscado”.
Ahora vemos que no, que la estafa fue generalizada, que le puede
pasar a cualquiera. Que durante años se dieron ventajas fiscales y
se relajaron los controles sobre la banca para que el negocio
inmobiliario creciera y que las hipotecas “baratas” era un
reclamo para que la gente corriente engrasara la maquinaria.
Hubo
quien advirtió del peligro de la burbuja inmobiliaria, pero nadie
quiso oír, porque parecía un juego en el que todo el mundo ganaba:
los gobiernos vendían cifras de crecimiento, las empresas del sector
y la banca se lucraban a manos llenas y el común de los mortales
tenía su pisito. “No es mío, es del banco”, decíamos de manera
socarrona, y vaya si lo hemos comprobado, con toda su crudeza.
Empezamos
a ver entonces que no se trataba de decisiones personales erróneas,
de gente que había medido mal, sino que todo estaba atado para que
el estallido de la burbuja se cebara solo con el eslabón más débil.
Porque los bancos acumulaban deudas, y un stock de viviendas sin
vender, pero les llegaban millones de euros públicos para cuadrar
las cuentas. Y sin embargo, nadie en las altas esferas movía un dedo
por esa pareja que había perdido el empleo y se iba a la calle por
deber unos cientos de euros de hipoteca, sin saldar siquiera la deuda
entregando el piso. Ni por sus familiares que habían decidido
avalarles y de repente veían peligrar hasta la vivienda que habían
pagado ya hace años. Es más, cuando actuaron fue para impedir una
solución a casos como esos: una y otra vez, PP y PSOE se opusieron a
iniciativas de IU y otros grupos para regular la dación en pago, la
reforma de la Ley Hipotecaria y otras medidas por el derecho a la
vivienda.
Entre
tanto, lo único que parece haber surtido efecto es poner en peligro
nuestros propios cuerpos. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca,
el 15M y miles de personas anónimas se han interpuesto para evitar
que echaran a la gente de sus casas, para forzar la negociación con
su banco y conseguir, al menos, prorrogar la orden de desahucio. Esa
solidaridad ha amortiguado el golpe, pero hay quien no ha encontrado
esas redes de apoyo y presa de la desesperación ha optado por
quitarse la vida. El caso de Amaia, en Barakaldo, ha tenido más
repercusión porque la lucha ciudadana había puesto los desahucios
en la agenda mediática, pero no ha sido el único.
400.000
desahucios y todo ese drama ha sido necesario para que ahora, por
fin, PP y PSOE se sienten a buscar soluciones. Bienvenidas, por
insuficientes y tardías que sean. Pero al ver que tienen el poder de
escribir a las entidades bancarias para decirles que paren, para
conseguir una moratoria, no podemos evitar pensar que siempre estuvo
en su mano parar todo esto. Que era mera cuestión de voluntad
política.
Por
eso, creemos que también nos toman el pelo cuando nos dicen que poco
se puede hacer desde el Ayuntamiento de Valladolid cuando hemos
llevado iniciativas en ese mismo sentido. Hemos propuesto, sin éxito,que a cambio de solares en Las Eras negocie una permuta con Caja
España-Duero para quedarse con viviendas objeto de desahucio y
alquilarlas a bajo precio a las familias que viven allí. O
constituir un parque público de vivienda en alquiler, a día de hoy
casi inexistente. Tampoco hemos conseguido que el Ayuntamiento use su
poder de negociación para mediar en los procesos de desahucio, con
la misma presión y eficacia con la que consigue acuerdos con ellos
en otras materias.
Cuando
se quiere, se puede. El verano pasado, la voluntad de los dos grandes
partidos llevó a reformar la Constitución, de tal manera que hoy es
obligatorio que en los presupuestos del Estado el pago de la deuda
sea prioritario frente al gasto social y la cobertura de los derechos
básicos de la mayoría. Si hoy se han sentado para hablar de ese
otro artículo constitucional, el 47, que dice que tenemos derecho a
una vivienda digna, ha sido porque la voluntad que se ha impuesto es
la de la calle. No valdrá una solución de compromiso porque,
afortunadamente, se ha abierto el camino.
El artículo fue enviado hace días al periódico local "Delicias al Día".
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