Mañana mantendremos una reunión con el Subdelegado del Gobierno en Valladolid. Llevaremos varias cuestiones y entre ellas la supresión de líneas ferroviarias en la provincia de Valladolid. En el pleno del mes de junio de este año planteamos una moción sobre el tema que fue rechazada por el equipo de gobierno.
Este problema afecta de
lleno a la ciudad de Valladolid y a sus habitantes y nuestra
defensa se basó en la puesta en valor del servicio público ferroviario. Recientemente se
han modificado los servicios de Media Distancia Convencional en
Castilla y León. Esta medida afecta concretamente a los servicios
ferroviarios que enlazan Valladolid con varios municipios del sur
como son Viana de Cega, Valdestillas, Matapozuelos, Pozaldez o Medina
del Campo), y del norte (Cabezón de Pisuerga, Corcos o Cubillas de
Santa Marta), así como con Palencia o Aguilar de Campoo.
El
objetivo de nuestra propuesta no puede ser más sencillo: asegurar los
derechos de las personas que viven, trabajan o estudian en nuestra
ciudad y en los municipios cercanos. Se trata de derechos porque ha de tenerse en cuenta que
muchas familias van a ver seriamente alterada su vida cotidiana, y en
algunos casos estas medidas pueden incluso obligarles a abandonar
puestos de trabajo, a dejar de cursar estudios o a desplazar su
residencia. Poblaciones rurales tras el recorte quedarán totalmente
aisladas.
Hace
unos días se ha conocido que se han suprimido trayectos de tanta
importancia como la conexión con Medina del Campo y Palencia a
primera hora de la mañana y última hora de la noche, lo cual
dificultará mucho la conciliación del trabajo o estudios a personas
que se desplazan cotidianamente entre estas localidades tan cercanas
a Valladolid. Igualmente, habitantes de otros municipios del entorno
verán muy limitadas las posibilidades de acceder a servicios de
primera necesidad como la atención sanitaria.
El
transporte ferroviario como servicio público es un elemento clave
desde el punto de vista del desarrollo socioeconómico y la
vertebración territorial del Estado. Partiendo de ello, las
obligaciones de servicio público provienen del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea y conllevan la obligación de
financiación de servicios a la ciudadanía que cumplen misiones de
interés general, como son los servicios de transporte público
colectivo.
Por
ello la declaración como obligación de servicio público establece
la responsabilidad de su financiación directa a cargo de los
Presupuestos Generales del Estado, en este caso del Ministerio de
Fomento. Esta obligación responde a las necesidades de las
comunidades autónomas de disponer de trenes regionales, junto a los
trenes de cercanías, de grandes distancias y de mercancías, dentro
del sistema multimodal de transporte que debe vertebrar la red de
ciudades que pueblan sus territorios. Respondiendo, al mismo tiempo,
a la necesidad de ahorro y eficiencia energética, a la lucha contra
las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio
climático, y al propio cambio de modelo productivo. De
hecho los trenes explotados por Renfe y que circulan por las líneas
y estaciones administradas por Adif deben ser suficientes para evitar
cualquier cierre de líneas.
En
una época en la que las necesidades entre la población han crecido
y la desigualdad entre las personas que pueden acceder a servicios y
las que se encuentran con barreras aumenta, sería lógico promover
la mejora y ampliación de los servicios públicos. Hablando de este
caso concreto el sentido común indica explorar una ampliación de
los horarios de los trenes y de las paradas en las estaciones,
apoyando la generación de nuevas redes de cercanías en las áreas
metropolitanas que aún no poseen dicho servicio, e impulsando la
reapertura de líneas ferroviarias de alto valor estratégico. Pero
no, el sentido es el contrario precisamente.
Esta propuesta es tan lícita y desde luego más necesaria que la aprobada
el 2 de octubre del año pasado por los tres grupos municipales para
instar a Renfe a revisar su política de precios en los servicios
Avant, de la línea de alta velocidad Madrid-Valladolid y a
establecer un nuevo servicio de regreso, entre las 18 y 19 horas.
También ha habido ocasiones en que se ha planteado la adopción de
acuerdos municipales dirigidos a mantener el empleo existente, como
se pretende con esta propuesta. En resumen, lo que planteamos fueron cuatro puntos
muy claros: 1) Apoyo del Ayuntamiento de Valladolid al Manifiesto en
Defensa del Ferrocarril, elaborado por organizaciones sociales y
sindicatos ferroviarios con implantación en esta Comunidad Autónoma,
2) Instemos a la Administración General del Estado a que impida la
supresión de ninguno de los trenes que circulan por Valladolid y los
que han sido suprimidos vuelvan a su funcionamiento habitual. 3)
Promover, en el marco de la
Comunidad Urbana de Valladolid, la urgente elaboración de propuestas
para que la Junta de Castilla y León apruebe a la máxima brevedad
un Plan de Transporte Metropolitano que garantice la conexión
efectiva mediante transporte público entre los municipios del alfoz
de Valladolid. 4) Y en cuarto lugar y último de dichos acuerdos se
daría traslado a la Ministra de Fomento, al Consejero de Fomento de
la Junta de Castilla y León y a los sindicatos ferroviarios.
Pero por sorpresa negaron los recortes. Hay que recordar que el portavoz del PP presentada en octubre del año pasado una moción en la que se hacía eco de las demandas de las personas
usuarias de los servicios de alta velocidad ferroviaria de “los sectores sociales de Valladolid”. Defendía entonces que ampliar los horarios y bajar los precios del AVE era
esencial para las personas que más lo necesitan por razones de
trabajo, de educación, o de salud. Pues bien, demuestran paso a paso que lo que quieren para
las personas usuarias del AVE no lo quieren para las personas que
utilizan diariamente los trenes de media distancia. ¿Acaso las
personas que utilizan el ferrocarril convencional no tienen derecho a
ir a trabajar a Medina del Campo o venir a estudiar a la Universidad
de Valladolid desde Palencia? ¿Es menos importante el derecho de una
persona que se desplaza desde el ámbito rural a Valladolid para
asistir un hospital que la que se desplaza a Madrid diariamente a
trabajar? La coherencia brilla por su ausencia y la vergüenza, si me lo permiten, también. Solamente hay que recordar a Ana Pastor,
ministra de Fomento, afirmando que el gobierno no
iba a cerrar estaciones sino que simplemente el tren no pasaría por
ellas. Creo que no merece más comentarios.
Pero
es que no hace falta mirar al gobierno central para identificar la
campaña de negación de lo evidente que se está
promoviendo. Un ejemplo de ello es la
valoración realizada por el Delegado del Gobierno en Castilla y León
y presidente del PP de Valladolid, Ramiro
Ruíz Medrano, que ha llegado a afirmar que nuestra comunidad sale
“muy beneficiada” de la “reordenación” de los servicios
ferroviarios. Es increíble.
Y
alguno más se ha apuntado al carro, el secretario regional del PP
Alfonso Fernández Mañueco, calificó de “buena noticia” el
alcance final de de la “racionalización”, haciendo hincapié en
la “sensibilidad del gobierno central” y del “eficaz trabajo”
del consejero de Fomento, Antonio Silván.
Ante
este panorama es lógico ver opiniones como las que he leído
en un blog de un conocido periodista. Se decía que no era de
extrañar que personas que disponen de coche y conductor oficial a su
servicio las 24 del día, no reconozcan los servicios suprimidos por
RENFE, y desde luego, no le falta razón.
Por
otro lado es una lástima constatar que lo que tantas organizaciones
veníamos advirtiendo se ha cumplido en todos sus términos: el
dinero del Ministerio de Fomento se viene destinando a construir
líneas de Alta Velocidad, mientras que la media distancia se
abandona. Volcar la inversión en la alta velocidad ha sido la tónica
general de los últimos gobiernos. Para que nos hagamos una idea la
partida destinada al tren de alta velocidad en el Estado supera los
3.000 millones de euros anuales, poniendo en entredicho la bendita la
rentabilidad que tanto les preocupa.
En
julio de 2012 el Consejo de Ministros aprobó un real decreto ley por
el que se adoptaron una serie de medidas para privatizar el
transporte ferroviario estatal de viajeros. Posteriormente en
diciembre se aprobó suprimir servicios de tren de media distancia o
regionales para abaratar costes del servicio ferroviario.
Atacar
de esta manera al ferrocarril convencional no es razonable ya que se
trata de un transporte utilizado por la mayoría de la población, es
el más eficiente energéticamente, su infraestructura ya está
construida y asegura derechos. ¿Qué problema tienen entonces en
mantenerla?
El
problema es que solamente aplican criterios
economicistas a los servicios públicos para justificar su cierre y
se olvidan de los beneficios sociales que acarrean. Esta visión
sesgada demuestra la falta de planificación y visión estratégica
de las políticas estatales ya que no han sabido aprovechar los años
de bonanza económica para consolidar la red ferroviaria
convencional, modernizarla y dignificarla como sí han hecho el resto
de los países europeos.
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