Cuatro años entre impuestos y tasas...

Cuatro años entre impuestos y tasas municipales, lleva por título este post... desde 2011 me ha tocado lidiar con temas que si bien no parecen muy atractivos son esenciales a la hora de mejorar nuestras vidas. ¿En qué gastamos los dineros públicos municipales? ¿quién debe pagar más? ¿a quién beneficia realmente lo que con esfuerzo pagamos al año al Ayuntamiento?

Hace unas semanas tuvimos el último debate sobre las ordenanzas fiscales del presente mandato, por ello es oportuno analizar el conjunto del cuatrienio para abordar medidas tendentes a una fiscalidad municipal futura más justa y redistributiva. Como cualquier persona con dos dedos de frente comprenderá, plantear que un equipo de gobierno debe tener clara la política fiscal que va a llevar a cabo durante los cuatro años de gobierno es lo más lógico, esto es compatible con tener recursos para poder año a año abordar imprevistos y solucionar problemas que pudieran surgir.

Como es sabido también, cuando un equipo de gobierno decide modificar una serie de ordenanzas fiscales el resto no se pueden enmendar. Por ello, desde IU hemos solicitado que se incluyeran en el debate plenario las 17 ordenanzas para poder proponer una política fiscal más progresiva y redistributiva. Desde el equipo de gobierno no se ha querido que fuera así, pero aún así les hemos traslado un texto de sugerencias para que fueran tenidas en cuenta. Creo que no podemos hacer más en este aspecto para aportar y avanzar.

Bien, desde nuestro punto de vista es necesario revisar a fondo el modelo fiscal ante la grave situación que pasan muchos hogares de nuestra ciudad, y con las escasas modificaciones que se plantean a las ordenanzas fiscales vigentes se pierde una oportunidad para hacerlo. La propuesta de fiscalidad municipal del PP es más de lo mismo: ajustar un poco más las cuentas y aumentar de manera tímida las bonificaciones en algunas ordenanzas para poder vender a bombo y platillo un supuesto “carácter social” que no se corresponde con la realidad.

Por eso desde IU creemos que los cinco puntos siguientes servir para reconsiderar globalmente las ordenanzas fiscales.

1º.Elaborar un estudio general de la fiscalidad municipal de Valladolid, en el que se analice el comportamiento de la política adoptada en los últimos cuatro años, incorporando las informaciones más relevantes de funcionamiento y conflictos habidos, en su caso; relacionándola con la labor inspectora. Complementándola con el estudio riguroso de las implicaciones que la política fiscal municipal tiene en los hogares con menos recursos.

2º.Definir una “Comisión de progresividad”, de carácter político que, a partir de los informes y datos anteriores, determinase una propuesta de fiscalidad cuatrienal con el objetivo de modificar la fiscalidad para implementar un sistema de máxima progresividad, en el que pague más quien más tiene. Un compromiso con los ciudadanos, por tanto, de estabilidad fiscal. Esto sí sería estabilidad y realismo y no sus recetas que nos han traído a esta situación.

Ya en diciembre de 2012 propusimos desde IU (y reiteramos en octubre de 2013) la creación de una comisión como la que apuntamos, para estudiar cómo aumentar la progresividad de los tributos municipales, cómo hacerlos más justos, pagando más quien más tiene. El concejal de Hacienda ha dicho estos días en prensa que no hace falta esta comisión porque para eso está la Comisión de Hacienda. Y la  realidad es que en la Comisión de Hacienda no existe diálogo, por ejemplo en la última tuve que pedir que explicara las modificaciones que proponían desde el equipo de gobierno... Las Comisiones no son un lugar de trabajo, de estudio o de búsqueda de consensos, para ellos son un mero trámite.

3º. Por nuestra parte les hemos trasladado un año más que creemos que sería deseable que el Ayuntamiento se interesara por avanzar hacia  modificaciones del IBI con el objetivo de gravar más a grandes inmuebles y a las viviendas vacías. En este punto nunca se han mostrado colaborativos, a pesar de un informe del defensor del Pueblo que abría la posibilidad y que traímos a este pleno, a pesar de que otras comunidades como el País Vasco o Aragón lo han explorado. Se esconden tras normativas para no actuar, cuando lo que ocurre es que no quieren líos, no quieren riesgos. No están dispuestos a mejorar la vida de la mayoría (teniendo más ingresos públicos y pudiéndolo repercutir en gasto social) porque ello implica rascar el bolsillo a personas que tienen varias viviendas vacías y una mejor posición económica. No les interesa porque prefieren no levantar polvareda no sea que se les vayan por el desagüe más votos.

En ese escrito también hablábamos de la supresión de la tasa de basuras, por coherencia y responsabilidad política. Dicen que el PP en su programa electoral ya contaba con compromisos como no incrementar los impuestos por encima del IPC del mes de agosto ampliar las bonificaciones cada año. Pues bien, tanto que dicen que cumplen su programa, ¿aparecía por un lado establecer una nueva tasa de basuras? La respuesta es no.

4º.Consideración conjunta de la política de exenciones y bonificaciones, para evitar el juego de aumentarlas o reducirlas sin ningún criterio estable. E incorporar posibles bonificaciones en función de objetivos sociales, pero también medioambientales. Las exenciones y bonificaciones que ha venido aplicando el PP parecen improvisadas. Por ejemplo, tras decidir la exención de pagar la tasa de basuras a las viviendas con un valor catastral menor de 15.000 euros vieron que eran tan pocas que al año siguiente lo subieron a 20.000 euros, sin más criterio. Lo cual sigue sin ser progresividad, se mire por donde se mire.


5º. Mejorar las formas y posibilidades de pago de los tributos. Se valora el hecho de que finalmente hayan accedido a establecer la “cuota tributaria”, pero debería facilitarse otras posibilidades. Se trataría de facilitar a las personas con menos recursos la posibilidad de fraccionar el pago de su deuda tributaria con el Ayuntamiento independientemente de su importe. Bien sea planteando la posibilidad de fraccionar en 12 plazos el pago de los tributos (la cuenta tributaria), que sigue vetada a quienes deban pagar al año menos de 200 euros. Lo cual puede perjudicar precisamente a aquellos hogares con menor capacidad adquisitiva para hacer frente a un único pago. Por eso proponemos que se suprima el límite. Hace dos años lo fijaron en 300 euros y dijeron que era imposible bajarlo. Pero luego lo redujeron a 200, por tanto cuando quieren, pueden.

Además lo que abonamos por impuestos y tasas debe medirse no sólo respecto al último año, sino incluyendo también los anteriores, y concretamente la subida del 13% del IBI de hace dos ejercicios, así como la implantación de la nueva tasa de basuras. Lo cual hace que en la práctica los ciudadanos y ciudadanas de Valladolid paguen hoy más que hace tres años por menos servicios. A cambio del esfuerzo económico familiar, ofrecen recortes. Una visión conjunta de los cuatro años ofrece un panorama bien distinto al de las propuestas de años electorales que ya están comenzando a publicitar.

Y hablamos de años electorales porque las modificaciones que se han aprobado con la mayoría del Partido Popular no suponen más que 222.700 euros de ahorro a los vallisoletanos y vallisoletanas. Una cantidad perfectamente asumible, que también podía haberse asumido en años anteriores. ¿Por qué ahora y no antes?