La intervención del Partido Popular
sobre el sistema educativo apunta a un horizonte de segregación clasista del
alumnado, de subordinación de la educación a una lógica mercantilista desde
edades muy tempranas y de progresiva privatización en la gestión.
Una reforma del calado de la LOMCE
debería acompañarse de estudios previos que la justifiquen. Pero en su último
redactado simplemente se tergiversan resultados de investigaciones
internacionales para que se ajusten a los principios ideológicos que se quieren
justificar, afirmando justamente lo contrario de lo que esas mismas
investigaciones e informes internacionales concluyen. Además, el debate
anunciado se ha reducido a una consulta on line mínima y trucada, a una
dirección de correo electrónico a la que enviar sugerencias o críticas, sin
confrontarlas ni debatirlas en foros abiertos y plurales. Y, para colmo, esta
reforma se plantea en un escenario de brutal recorte de la financiación (5.212
millones de euros desde que llegó el ministro Wert), lo cual difícilmente
sienta las bases para mejorar la calidad educativa y combatir el fracaso
escolar.
Tenemos, por tanto, un punto de
partida erróneo. Pero es que, antes de que este proyecto sea aprobado, su
espíritu está ya presente en decisiones que afectan a nuestro entorno más
cercano, estoy hablando de la
implantación de la Zona Única de Escolarización o el concierto con colegios que
segregan por sexos a su alumnado. Quieren poner a la educación privada,
incluso la más recalcitrante, en pie de igualdad con el sistema público
educativo, mientras que obligan a los centros públicos a someterse a la dura
competencia que creará graves desigualdades.
Y ese escenario me preocupa
especialmente: el de escuelas que se someten a rankings, que se financian de
acuerdo con ellos y que se ofrecen a la población como si fueran clientela que
elige un hotel. Se realizan pruebas de evaluación
al alumnado, y la media de las mismas sitúa al colegio en una mejor o peor
posición en un ranking. Para que los padres y madres puedan elegir, como
clientes, aquél que más ventajas competitivas les aporte a sus hijos e hijas en
el futuro mercado laboral. En ese contexto competitivo, claro, las escuelas
serán más selectivas, tendiendo a rechazar al alumnado que pueda hacerles
descender puestos.
Pero es que además, ese ranking
condiciona la financiación pública de cada centro, como ya ocurre en algunas
Comunidades Autónomas, mediante contratos-programa u otras fórmulas. Así, los
refuerzos e incentivos no se basarán en las necesidades de su alumnado, sino de
acuerdo con sus resultados en las pruebas. Y a ello debemos sumar que el
artículo 122 abre la puerta a que se busque financiación privada desde cada
centro para las llamadas “acciones de calidad” que, según el texto legal, deben
ser competitivas.
En general, se apuesta por gestionar
los centros públicos como si fueran empresas. Los centros deben procurar una
oferta competitiva y diferenciada, como apuntan los artículos 121 y 122,
especializándose en los ámbitos curricular, funcional o, atención, por
tipología del alumnado. Para esta nueva cultura de gestión, el director o
directora, nombrado a dedo por la administración, tiene “autonomía en la
gestión de los recursos humanos, materiales y financieros”. Es decir, que puede
establecer requisitos y méritos para los puestos de personal funcionario y
rechazar interinos procedentes de las listas o incluso contratar profesores.
Esto abre, aún más, el camino de manera alarmante a la privatización de la
gestión de los centros públicos y de su financiación.
Esta dirección profesionalizada de
los centros, que acaba con la poca democracia participativa que quedaba en los
centros de enseñanza, es el remate de este modelo de gestión. Un modelo que
aboca a nuestras escuelas públicas a estar mucho más preocupadas por orientar
la enseñanza a conseguir buenos resultados para un ranking que a preocuparse de
las necesidades de las niñas y niños. Escuelas preocupadas por captar alumnado
para evitar convertirse en guetos, como ya empieza a ocurrir, también en
Valladolid no hace falta irse muy lejos, y se agrava con la Zona Única de
Escolarización.
Un modelo de
gestión, en resumen, basado en criterios mercantilistas que deberían quedar al
margen en los servicios públicos. Y es que su modelo educativo invierte completamente los principios y
valores de nuestra escuela pública. Formarse como profesional es algo necesario
pero subordinado a la prioridad fundamental de cualquier sistema educativo:
formarse como persona y ciudadano o ciudadana crítica para avanzar hacia una
sociedad más sabia, justa y cohesionada.
Pero la LOMCE va clasificando y
separando al alumnado desde las primeras etapas, como quien separa tornillos en
una cadena de producción. Le somete a evaluación en 3º de primaria, en 6º, en
4º de secundaria y tras el bachillerato. Y no son meras pruebas de diagnóstico:
abren o cierran puertas, o marcan al alumnado para el resto de su escolaridad.
Afectan al expediente y tienen consecuencias académicas. A partir de
secundaria, estos exámenes serán un castigo para quien no los apruebe. Más que
luchar contra el fracaso escolar, simplemente lo certifican y justifican la
segregación del alumnado que produce y reproduce las desigualdades sociales.
¿Cuál es la consecuencia de plagar
la vida escolar de pruebas? Pues que la enseñanza se centrará, sobre todo en
esos cursos, en preparar para los exámenes, para que el alumnado obtenga buenos
resultados en las mismas y el centro no baje en el ranking. Los contenidos y
procedimientos que en el examen se piden, se vuelven el eje del contenido del
currículo.
Todo ello se remata con la apertura
a procesos de selección propios en cada Universidad, lo que permitirá la
selección con criterios dispares, no homogéneos, lo cual, unido al aumento de
tasas y la reducción de becas, propiciará universidades de élite y
universidades de segunda.
En esta carrera de obstáculos, las
condiciones culturales y socioeconómicas familiares van a ser determinantes en
el éxito escolar y suponen un aumento del abandono y el fracaso de un sector de
la población. O lo que es lo mismo: habrá una educación para ricos y otra para
pobres.
Paralelamente, se apuesta por
adelantar aún más los itinerarios selectivos. Ello, a pesar de que los datos
internacionales nos confirman sistemáticamente que los países con buenas
puntuaciones en PISA, como los países nórdicos, poseen también un alto grado de
comprensividad (es decir, sin vías selectivas y diferenciadoras en la enseñanza
secundaria obligatoria). Es más, los países que segregan a edades tempranas
tienen resultados menos igualitarios, es decir, hay mayor conexión entre el
estatus socioeconómico de la familia y los resultados escolares. El informe que
la OCDE publicó a comienzos de año muestra que equidad y buenos resultados
académicos van totalmente de la mano.
Y, como colofón, la LOMCE consagra a
empresas, corporaciones empresariales y grupos religiosos que financian,
prestan o regulan la educación como parte del Sistema Educativo en pie de
igualdad con el sector público. Incluso blindan por ley los conciertos con
centros que segregan por sexos en el Art. 84.3., algo anticonstitucional y con
varias sentencias del Tribunal Supremo que anulan este tipo de conciertos.
Desde Izquierda Unida siempre se ha estado enfrente de la política de
conciertos educativos. En ocasiones en este pleno, he comentado que creo que no
hay que perder la memoria y que una de las banderas de la actuación pública
debe ser la coherencia y por coherencia cabe decir que algunos de los problemas
del sistema educativo del que estamos hablando hoy tienen unas bases. Así hay
que apuntar que los conciertos educativos nacieron en 1985 con un Gobierno
socialista, de hecho muchos de los conciertos vigentes actualmente han sido
firmados por este partido. Y ahora se quiere dar un paso más: se pretende que
los conciertos se generalicen a los centros privados. Esta cuestión es una de
las claves de la contrarreforma de Wert, contra la que hoy está siendo desarrollada una huelga generla en el sector educativo.
Sobre la LOMCE en resumen, las
propuestas y prácticas no coinciden con los resultados y recomendaciones de la
comunidad científica internacional, sino que se orientan en sentido
completamente contrario. Son viejas recetas que no han dado los resultados
supuestamente esperables allí donde se han aplicado y que la comunidad
científica internacional ha rechazado de plano.
Esta reforma quiere crear ciudadanía
disciplinada y no se hace garante de una educación para todos y todas. No
ofrece medidas concretas para “reducir la tasa de abandono educativo temprano y
mejorar la tasa de población que alcanza el nivel de ESO”, sino que las medidas
que propone van justamente en el sentido contrario: la multiplicación de
reválidas al término de cada etapa (desde 3º de primaria), aplicadas y
calificadas por agentes externos, o la segregación temprana. Es decir, esta
reforma no está dirigida contra el fracaso escolar, sino contra el alumnado que
“fracasa” en este sistema educativo.
Son medidas que culpan de las
dificultades y problemas exclusivamente al alumnado y eventualmente a los
centros, porque, como advierte el anteproyecto, “el principal objetivo de esta
reforma es mejorar la calidad educativa partiendo de la premisa de que esta
debe medirse en función del “output” (resultados de los estudiantes) y no del
“input” (nivel es de inversión, número de profesores, número de colegios, etc.)”.
Es intolerable, se pretende legislar a la ligera, como si el papel de la
administración para garantizar la inversión, las condiciones del profesorado o
de las ratios profesor-alumno no tuvieran nada que ver
en los resultados del alumnado. La escuela pública está para combatir las
desigualdades, no para certificarlas y estigmatizar a quien se queda por el
camino.
Enlace al vídeo del pleno en el que se debatió la cuestión aquí.
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