En el pasado pleno, desde IU intentamos que se aprobara una moción para garantizar la función social de la vivienda. En el debate conseguimos tres cosas: exponer nuestras ideas lo mejor que pudimos, que el PP dijera que sus medidas "antidesahucios" eran más ambiciosas que la ILP promovida por la sociedad civil y que el PSOE nos mentara a Extremadura. Pero más allá de las anécdotas y los argumentos manidos, día tras día hay que seguir empujando para que un discurso que era hace pocos meses minoritario vaya cobrando, si cabe, cada vez más fuerza y se convierta en hegemónico.
Y es que las medidas que
necesitamos para garantizar efectivamente el derecho a la vivienda en
nuestro país son extraordinarias porque partimos de una situación
extraordinaria. Nuestro modelo hipotecario expulsa y excluye a una
parte importante de la población, porque las entidades bancarias han
estado concediendo préstamos a sabiendas, en ocasiones, de que no
iban a poder devolverse. Personas que no ganan en toda su vida
laboral 200.000 euros es evidente que no iban a poder abonar 200.000
euros de hipoteca. Además, tenemos el dudoso honor de ser el único
lugar donde, a pesar de perder la vivienda se mantiene una deuda con
la entidad bancaria, de manera que puede darse la paradoja de perder
la vivienda y a la vez tener una deuda mayor que la contraída en la
hipoteca inicial.
Hace un par
de meses el Tribunal de Justicia Europeo se ha pronunciado sobre
nuestra legislación hipotecaria y ha dicho, fundamentalmente, tres
cosas: la primera, que tal y como está formulada, la hipoteca es un
contrato absolutamente desigual; la segunda, que el derecho a la
vivienda en nuestro país no se cubre por la inexistencia de
alquileres sociales; y tercero, que la existencia de cláusulas
abusivas pueden permitir a un juez paralizar la ejecución
hipotecaria.
Esto último, permite un
margen de trabajo al poder judicial para frenar esta locura. Pero las
otras dos cuestiones suponen también un toque para el resto de
poderes públicos. No se trata solo de malas prácticas bancarias
sino de una legislación y una política de vivienda que las han
favorecido e impulsado. Hay que cambiar el rumbo drásticamente.
Y eso es lo que ha
comenzado a hacer, por ejemplo, la Junta de Andalucía desde suConsejería de Fomento y Vivienda. Gracias al decreto aprobado, por
primera vez se afirma, en una ley, que la vivienda es un derecho
social y define qué es una vivienda vacía y cómo actuar sobre
ella. Crea un Registro de Viviendas Deshabitadas, dispone un plan de
inspección y combina la sanción sobre las viviendas vacías con el
incentivo para su salida al alquiler. Además enmarca y sienta las
bases para el acceso a un alquiler social y abre la puerta a la
expropiación del uso de los pisos vacíos propiedad de entidades
bancarias.
Este es, en nuestra
opinión, el rumbo que necesitamos y por eso creemos que el
Ayuntamiento debe instar a la Junta de Castilla y León a reformar en
un sentido similar la llamada Ley del Derecho a la Vivienda. Y
también al gobierno central para modificar la Ley de Enjuiciamiento
Civil para conseguir dos cosas: en primer lugar, que no se pueda
acordar el lanzamiento de un inmueble cuando se trate de la vivienda
habitual del ejecutado y cuando el impago del préstamo hipotecario
sea debido a motivos ajenos a su voluntad. Y en segundo lugar, que se
tenga derecho a seguir residiendo en la vivienda a título de
arrendamiento por un periodo de 5 años desde la fecha de la
adjudicación por una renta no superior al 30% de los ingresos
mensuales del arrendatario. Y para reforzar el alquiler social, las
viviendas del SAREB, el famoso “banco malo”, deberían ser
gestionadas por las Comunidades Autónomas para fomentar el alquiler
público.
Pero en mi opinión,
no estamos en el Ayuntamiento para poner deberes a otras administraciones. Lo que
proponemos es corresponsabilidad, cambios legislativos acompañados
de acción desde lo municipal en la misma dirección. El Tribunal de
Justicia Europeo se ha pronunciado sobre la desigualdad entre las
partes en los contratos hipotecarios, por eso es necesario que el
Ayuntamiento se ponga del lado de la parte más débil y solicite al
juez la suspensión del desahucio cuando éste sea por motivos
económicos y se refiera a la vivienda única y habitual. Y además,
que utilice su autoridad para exigir a las entidades financieras que
operan en la ciudad la paralización de los desahucios y la
condonación de las deudas ilegítimas fruto del actual proceso de
ejecución hipotecaria. Si las administraciones no estamos para
ponernos del lado de la parte más débil, para paliar la
indefensión, ¿para qué estamos?
Igualmente, debe haber un
compromiso firme de no solicitar ningún desahucio de viviendas
públicas, bajo hipoteca ni en alquiler, cuando haya impago por
imposibilidad económica. Y, a su vez, hay que impulsar la bolsa de
vivienda pública para el alquiler social: según la web de Viva, nos
quedan hoy en día dos viviendas públicas disponibles en alquiler en
toda la ciudad. Se puede hacer más, mucho más.
Además hablamos
de una legislación muy similar a la de numerosos países europeos.
En Alemania, Dinamarca, Suecia, Francia, Gran Bretaña, etc. se
aplican estas medidas para poner en uso las viviendas vacías e
incluso algunas mucho más contundentes, apostando no ya por la
expropiación temporal, sino incluso por requisar las viviendas. No se trata de una una cuestión ideológica, es de sentido común.
Lo que hace unos años decíamos solo algunas formaciones
minoritarias es hoy un clamor en la calle. Ante un drama que afecta a
miles de familias, en el que hay una desigualdad y una injusticia
manifiesta que ya empiezan a reconocer los tribunales, la gente
quiere que sus representantes se pongan de su lado. No que pongan
gesto compungido y luego sigan sin tocarle un pelo a la banca. Que se
pongan de su lado, porque es su obligación, su razón de ser, y un
mandato constitucional.
Y lo que no puede ser es
que, existiendo ese mandato para que los poderes públicos hagan
efectivo el derecho a la vivienda, en nuestra ciudad apenas haya
vivienda pública en alquiler o que, como ocurre por ejemplo en Villa
de Prado y seguramente en otros lugares, haya viviendas de protección
oficial vacías. Hay tal desconexión entre la actuación de los
poderes públicos y la realidad social que hay miles de familias en
nuestra ciudad que han renunciado a pisos de protección oficial
porque están absolutamente fuera de su alcance. ¿Qué sentido tiene, tal y como
estamos, que la vivienda de protección esté destinada a familias
con dos sueldos? ¿En quién estamos pensando?
Miren, en nuestra opinión
hay tres líneas de trabajo claras para abordar este asunto.
La pasividad de los diferentes gobiernos estatal, autonómico y local ante este
tema les está generando un serio problema. Refleja
claramente su distancia con el día a día de la calle y su excesiva
cercanía a los intereses de la banca, la única que saldría
ligeramente perjudicada si los poderes públicos decidieran de una
vez cumplir su mandato constitucional de garantizar el derecho a la
vivienda. Y digo que tienen un problema, porque junto a la suma de
miles de dramas individuales, de familias que se quedan sin casa pero
con deuda, junto a todas esas derrotas particulares, la gente se está
organizando y consiguiendo muchas victorias colectivas.
Ha conseguido frenar
desahucios, renegociar hipotecas y mucho más, pero sobre todo ha
conseguido que esto deje de verse como un problema particular de cada
familia hipotecada. Ha conseguido un millón y medio de firmas para
presentar una iniciativa legislativa popular al Congreso y ha
conseguido que solamente ustedes se opongan a ella. Ha conseguido
también que el Partido Socialista defienda en
muchos lugares del país que el ejemplo a seguir no es el del
anterior gobierno, ni el de otras comunidades que han gobernado, ni
siquiera el de la Junta de Andalucía de los 30 años anteriores. El
ejemplo que defienden es el de
Andalucía cuando IU ha asumido la responsabilidad de Vivienda. El
ejemplo es ese decreto que, como dijo Elena Cortés es “hijo de la
sociedad civil organizada, de la PAH, de Stop Desahucios, de las
organizaciones en defensa de los consumidores, de toda esa gente que
forma parte de lo más admirable de la sociedad, de toda aquella
gente que quiere un país más justo y solidario y lucha por él”.
El problema central es la situación injusta y dramática, que no admite
parches y que exige soluciones drásticas, soluciones de emergencia. Y se van proponiendo y poniendo en práctica soluciones provisionales pero que apuntan al modelo al que aspiramos. No importemos recortes, importemos derechos.
Vídeo del debate en el pleno del 7 de mayo de 2013 aquí (minuto 40).
Simplemente manifestar mi modesta satisfacción por la actividad febril -y el subconsciente me pide decir fabril- que lleváis desde vuestras responsabilidad municipal y supongo que desde la organización política que os arropa. Que es muy activa y constructiva vuestra tarea. No estábamos acostumbrados en Valladolid a un esfuerzo como el que desarrolláis. Aunque ahí tengo que precisar que también desde la Federación Vecinal y Ecologistas en Acción hay una trayectoria importante y decisiva desde hace décadas. Algunos están descubriendo formas estacionales de reivindicación que es digno de tener en consideración (las nuevas formas de protesta callejera o de seguimiento de sectores, tipo mareas) Pero la necesidad de vincular y vehicular la manera de incidir sobre temas ciudadanos de diverso carácter veo que está calado. Gracias por el esfuerzo. Uno cree en esta Política frente a la política profesionalista de la pela.
ResponderEliminarSaludos.
I.U. sabe ¿cuanto cobra VIVA por sus viviendas en alquiler?
ResponderEliminarMuchas gracias, Sebastián, palabras como las tuyas alientan a seguir y dar más en estos años que tenemos por delante. Muchos son los colectivos sociales que día a día proponen alternativas, combaten las injusticias y procuran que Valladolid sea una ciudad mejor. Son tiempos tremendamente difíciles y apasionantes, esperemos saberlos aprovechar para dar la vuelta a la tortilla.
ResponderEliminarCarmen, los precios son diferentes en función del tipo de vivienda y la situación del inquilino. Cuando quieras lo hablamos. Hay precios bastante altos en algunas viviendas.
Un abrazo
María